En años recientes, como parte de la agenda en Educación, Cognición Aplicada y Medios, hemos venido investigando como la autoridad de la fuente y la ausencia de evidencia en los procesos argumentativos son las fuentes de múltiples errores que llevan a las personas a aceptar conclusiones no sustentadas. Es interesante cómo el siguiente editorial en referencia al proyecto de reforma a la ley que regula educación superior constituye un ejemplo privilegiado de dichos errores. En primer lugar, el editorial no presenta evidencia. Contiene afirmaciones sobre la calidad de las universidades o los niveles de gasto, que no sólo no están sustentadas sino que se pueden probar falsas con una búsqueda en Internet de cinco minutos. Proveer evidencia no sólo es una práctica necesaria en la argumentación, sino que representa un entendimiento de las características epistemológicas y pragmáticas de todo dialogo argumentativo (Gaviria & Corredor, En Prensa). A diferencia, por ejemplo, de las columnas de Daniel Coronell que siempre tienen links a documentos y fuentes primarias, este editorial concluye sobre la educación superior en función de prejuicios y verdades a medias. La ausencia de evidencia, hace que el editorial sea una opinión no sustentada, revestida de legitimidad a través del nombre del periódico. Ahora bien, usar la autoridad de la fuente como un recurso argumentativo es otro error (Arias, 2009). La verdad de la tesis depende de la evidencia y de la organización de los argumentos, y no de la autoridad abstracta de quien la enuncia. Finalmente, en el caso de este editorial, la fuente es anónima. Por esta razón, es difícil establecer cuales son los intereses y objetivos de los autores, y, sin esto, es imposible llevar a cabo un adecuado proceso de razonamiento histórico. Wineburg (2001) mostró que revisar los intereses y objetivos de la fuente constituye una heurística fundamental para el razonamiento en ciencias sociales. Por ahora, anexamos el link al editorial, así como una breve respuesta que construimos para responder a las afirmaciones allí contenidas. El editorial constituye un excelente ejemplo de la forma en que los medios “razonan”, y puede servir para explorar las necesidades que tiene una agenda en defensa de la universidad pública. Es necesario entender como la ven y como la presentan para poder responder con efectividad mediatica. Respuestas como las contenidas en los comentarios al editorial que acusan al periódico de neoliberal y santista, no sólo no ayudan, no convencen a nadie, sino que constituyen también errores argumentativos. En las próximas semanas escribiremos más alrededor de los requerimientos de una agenda mediatica alternativa que nos permita ganar capital político en favor de la universidad; por ahora revisen el editorial y la respuesta. Favor rotar.
Editorial
http://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo-263571-educacion-un-deber-del-estado
Respuesta
Este editorial es una suma de lugares comunes sin una lectura clara ni de la propuesta del gobierno, ni de la realidad de las universidades públicas. Por ejemplo, asume sin datos que las universidades privadas son mejores que las públicas cuando claramente en los rankings internacionales la Nacional supera a los Andes en 5 de 6 listados (e.g.http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificacion_academica_de_universidades_de_Colombia). Misma situación con los ECAES donde el 63% de los mejores puntajes vienen de universidades públicas según el listado del ministerio de educación (e.g.,http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-140442_recurso_1_pdf.unknown). Adicionalmente, el editorial no revisa la forma en que las universidades públicas, particularmente la Universidad Nacional, han realizado gigantes esfuerzos por mejorar sus niveles de cobertura, formación profesoral y financiación. Para citar un par de ejemplos, la Universidad Nacional ha aumentado considerablemente el número de docentes con doctorado en los últimos 10 años (tengo el documento pero no puedo subirlo a la sección de comentarios), y produce más de 400 mil millones de pesos anuales en financiación propia a través de contratos con los sectores público y privado (www.unal.edu.co/gerencia_finad/presupuesto/docs/Ppto_general_2011.pdf).
El editorial tampoco revisa las consecuencias directas del proyecto de reforma sobre la financiación de la Universidad. Deberían leerse los artículos del 100 al 107 con cuidado. ¿Qué implica que se establezca como criterio de distribución de recursos la regionalización y al mismo tiempo se le dé el control de las universidades a los políticos locales? ¿Qué implica amarrar la financiación al crecimiento del PIB? ¿Qué implica que gran parte de los nuevos recursos vayan a la matrícula privada a través del ICETEX? ¿Qué consecuencias tiene para la viabilidad de la Universidad que la plata vaya a "innovación" sin tener garantizada la sostenibilidad de las universidades?
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