Debo confesar que no entiendo la indignación pública, la tristeza y la histeria que en la redes sociales ha desatado el fallo de la Corte de la Haya. A la mayoría nunca le ha importado mucho ni siquiera el problema de la tierra, a pesar del despojo y el desplazamiento, y ahora les da a todos por indignarse por el asunto del agua, pero no en la agenda de resistencia contra los megaproyectos, ni siquiera desde una moderada agenda verde, sino desde una perspectiva que parece sacada de las historias de mi abuelo sobre la guerra contra Perú. La verdad sea dicha es que nunca nos importó mucho San Andrés salvo por las fotos en cayo roncador –con el calentamiento global, próximamente, reliquias del pasado- y los días de playa, y por los electrodomésticos que nos dieron nuestros primeros reproductores de CD antes de la apertura.
La mejor prueba de la ausencia de país en San Andrés es la pobre provisión de oportunidades educativas que tiene la isla. Con la excepción de unas pocas universidades privadas, la mayoría de pobre reputación, la oferta educativa en San Andrés depende mayormente de la presencia de universidades públicas, que trabajando a pérdida han decidido que parte de su proyecto es hacer país en las fronteras. Dichos esfuerzos han sido costosos, y auto dirigidos, porque ante el congelamiento de la planta docente, y la progresiva desfinanciación de la universidad pública, la extensión de la oferta académica a estas regiones es más el producto de la buena voluntad política de la universidad, de su proyecto utópico por llamarlo de algún modo, y no de un plan sistemático para integrar a las regiones al desarrollo educativo nacional apoyado y respaldado por el gobierno central.
En el debate sobre la educación superior, se ha argumentado que el lucro proveerá los incentivos necesarios para desarrollar cobertura con calidad. ¿Qué pasa entonces en regiones donde el lucro no es suficiente, como San Andrés, Tumaco, Leticia o Arauca (donde la Universidad Nacional también tiene sedes de frontera)? ¿Esperamos a que se anexen a otros países, o que sus ciudadanos desconocidos en su identidad ante el abandono sostenido, prefieran elegir otras banderas, para entonces llamarlos traidores? La defensa de la soberanía debería empezar por la soberanía educativa. Así que cuando se indigne por el fallo de la Corte de la Haya, por favor indígnese también por la desfinanciación de la universidad pública.
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